La congresista Martha Hildebrandt ha propuesto que aquellos estudiantes de universidades públicas, provenientes de colegios particulares, puedan pagar sus estudios como se hace en las universidades privadas, a diferencia de los demás. Sostiene que con esta medida, centros de estudios como San Marcos, la Agraria de La Molina y la de Ingeniería, tendrán más presupuesto para realizar investigaciones, y mejorar la calidad educativa.
El proyecto de ley, presentado por la reconocida lingüista, también indica que podrán ser exonerados de este pago aquellos que puedan demostrar que ya no cuentan con la misma situación económica de la época en que eran estudiantes escolares.
Pese a esta indicación, esta propuesta aún tiene algunas incongruencias. Al hacer que todos los estudiantes de los colegios particulares estén obligados a pagar sus estudios, negándoles la gratuidad de la enseñanza. Hay que tener en cuenta que no todos los colegios particulares están en la misma situación. No es lo mismo el Alfredo Rebaza Acosta, de San Martín de Porres, que el Colegio Markham de San Isidro. Pese a que ambos centros educativos son privados, y que en ambos se paga, es notorio que el Markham es muchísimo más costoso que el Rebaza Acosta.
Por esta razón es que incluir a estudiantes de colegios particulares para que paguen sus estudios universitarios “en el mismo saco”, no sería justo. Los del Markham, mayormente acuden a universidades como las de Lima, o del Pacífico, cuya escala más baja de pagos no baja de los mil doscientos soles mensuales. En cambio, los de otros colegios particulares de distritos de clase media o populosos, en algunos casos llegan a la Universidad Católica, y la mayoría va a las universidades públicas como San Marcos o Villarreal.
Se calcula que aproximadamente el 30 por ciento de los estudiantes de los centros universitarios públicos son provenientes de colegios privados. Pero habría que ver de qué escuelas provenían, y cuánto pagaban.
La solución no es hacer pagar más a los que provienen de colegios particulares. La solución es que el Estado rompa con la tradición e incremente su presupuesto al sector educación, el cual está descuidado hace muchísimos años. No solo debe concentrar sus esfuerzos en evaluar a los docentes de los centros educativos públicos, lo cual es un primer paso. Debe preocuparse en invertir en las universidades estatales, para que se realicen verdaderos trabajos de investigación, y salgan excelentes profesionales, mejores de los que salen ahora al mercado laboral. Otros países priorizan en su presupuesto la educación, y el Perú no debe ser la excepción.
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