Cuidado con una nueva privatización (costumbre fujimorista)

Luego de la iniciativa de la congresista del fujimorismo, Martha Hildebrandt, que plantea que los estudiantes provenientes de colegios particulares que estudien en universidades públicas, paguen sus estudios para que aporten al presupuesto de estos centros de estudios, se agregó la de su colega de bancada, Luisa María Cuculiza, que consiste en que a los estudiantes de las universidades privadas se les quite el derecho del carné de medio pasaje.

Estos proyectos de ley evidencian una clara discriminación hacia un sector del estudiantado universitario. Por más que provengan de una población que económicamente tuvo las posibilidades para pagar una escuela privada, los estudiantes que se verían afectados por esta propuesta tienen el derecho a la gratuidad de la enseñanza al haberse acogido a una universidad estatal. Así como los estudiantes de las universidades privadas tienen el derecho a pagar su medio pasaje, porque eso está consagrado en la ley. Es como si quisiéramos quitarle el pasaje escolar a los colegiales sólo por estudiar en centros particulares. Hay muchas familias que hacen grandes esfuerzos para que sus hijos puedan estudiar en universidades privadas, algunos con beca incluida.

Evidentemente, hay una sintonía entre los proyectos de ley presentados por Hildebrandt y Cuculiza, además de ser ambas parlamentarias de filiación fujimorista. El comenzar a recortar derechos establecidos desde hace muchísimos años, parecen ser el primer paso para privatizar la educación, anhelo de muchos “lobbistas” que, no contentos con ganar hartas sumas de dinero por lucrar con esta, buscar ahora sacar provecho de su mala situación.

Y no es raro que lo presenten las señoras de la bancada fujimorista. Durante su gobierno de diez años, Alberto Fujimori fue el iniciador de las privatizaciones en el Perú, obedeciendo a intereses de las grandes empresas transnacionales y gente interesada en mantener su poder económico, a costa de la paupérrima situación en que se encontraban la mayoría de las empresas estatales. Privatizó la compañía de teléfonos, la de luz, entre las más sonadas transacciones, y como producto de ello tenemos las tarifas más altas en servicios de América Latina. Con lo único que no pudieron fue con el tema del agua, que, gracias a Dios, a los esfuerzos de los gobiernos siguientes (hay que reconocerlo), y a quienes se opusieron a esto, permanece en manos nacionales.

Si se dan estos dos pasos, quitar la gratuidad de la enseñanza a un sector de los estudiantes y eliminar el medio pasaje para los “pitucos”, se abren las puertas a una nueva privatización. Esto acarrearía que no haya acceso a la educación para las clases menos favorecidas, y por consiguiente, los grandes empresarios de la educación se apoderen poco a poco de las universidades del Estado. El gobierno debe ponerse alerta ante esta situación.

Sin embargo, parece que esta iniciativa no avanzará. La parlamentaria aprista Nidia Vílchez indicó que estaba en desacuerdo con esta medida, y adelantó que su bancada no la apoyará. El Presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, garantizó al inicio del nuevo gobierno que no habrían más privatizaciones, y ayer ratificó su posición, manifestando su defensa de la enseñanza gratuita. Esperemos que se cumplan estas promesas.