No es una primicia calientita que el gobierno va en dirección a la derecha.
A pocos días de comenzado su mandato, en su segunda versión, el Presidente Alan García ratificó su intención de establecer la pena de muerte como sanción máxima para los violadores de menores de edad, basándose en que esta acción era una promesa que realizó en la campaña electoral de principios de año. Agregó que estaba en su obligación de hacerla cumplir, porque había que cambiar el estilo de la política peruana, que consistía, según él, en no cumplir las promesas de campaña (gran descubrimiento del buen Alan). Si bien es cierto no lo ha podido hacerla efectiva, debido a que el Congreso no debate este proyecto del Poder Ejecutivo, enviado hace más de un mes, hay varias promesas que a García se le olvidó (¿?) remitir al llamado "Primer Poder del Estado".
García enarboló la bandera de las tarifas justas durante los cinco años en que Alejandro Toledo fue primer mandatario. Se mostró en contra de la odiosa renta básica que pagamos todos los usuarios de aquella compañía telefónica, que se añade a lo que se cancela por consumo de línea. Por último, anunció que de ser elegido presidente, eliminaría la renta básica. Sin embargo, llegado al poder, a pesar que el Congreso (con votos apristas) aprobó la eliminación de este concepto, García, a la cabeza del Ejecutivo, y con el apoyo de la neoliberal ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, prefirió observar la norma. Entró en negociaciones con la transnacional más antipática de las que están instaladas en nuestro país, y sólo redujo la renta básica en un promedio de 20 %, según los planes tarifarios. Pero no cumplió con eliminarla.
García siempre defendió (o dijo defender) los derechos de los trabajadores. Siempre cuestionó que las empresas utilizaran los famosos "services" para contratarlos, los cuales no les dan vacaciones, ni derecho a pensión, entre otros beneficios. Criticó que no exista una estabilidad laboral, y prometió (también en la campaña) que velaría que se trabaje sólo ocho horas, y que se le pague al trabajador sus "horas extras", en caso de que el contratante necesite que labore por un tiempo más. Sin embargo, hasta ahora el señor Presidente no envía ningún proyecto de Ley en ese sentido; y en cambio, cuando el Congreso (que hay que reconocerlo, se está portando bien) acordó eliminar el despido arbitrario, lo cual permitía una cierta estabilidad laboral, tampoco quiso decir esta boca es mía.
García también se mostró crítico con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Aunque no se opuso radicalmente a la suscripción del acuerdo comercial con el país del norte, anunció que si Toledo se apresuraba en aprobarlo, retiraría la rúbrica del ahora ex presidente y lo renegociaría, y que no se haría problemas si no se firmaba. Pero pocos días antes de asumir el mando, la bancada aprista le dio el visto bueno al TLC, que fue aprobado por el anterior Congreso entre gallos y medianoche. Luego de tomar la presidencia, García quiso apresurar la firma del tratado en cuestión, pero la victoria del Partido Demócrata (opuestos al TLC) en las elecciones parlamentarias en Estados Unidos, prácticamente ha retrasado la ratificación por parte de este país para que entre en vigencia. Aquí también García supo acomodarse a las diferentes coyunturas políticas, al anunciar que la ratificación del TLC "sólo depende de Dios".
El actual Presidente se ha manifestado en muchas oportunidades como defensor de la democracia y las libertades públicas. Sin embargo, su bancada (la del APRA) colaboró para aprobar la norma que da facultades a la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para supervisar los proyectos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), así como los presupuestos que reciben. Esto atenta contra la libertad de asociación, que incluso está claramente establecida en la Constitución. Y también significa una falta de equidad: Así como se supervisa a las ONG, que reciben fondos privados, también se debería hacer lo mismo con las grandes transnacionales, que también reciben fondos privados. El hecho de que algunos vivos (como los de la denominada "izquierda caviar") se aprovechen económicamente de la cooperación internacional, no quiere decir que el Estado deba vigilarlos; quienes realizan las donaciones para sus proyectos son los llamados a hacerlo.
Todos estos sucesos han marcado los primeros cinco meses de gobierno de Alan García. A esto agregamos que el Presidente planteó que la pena de muerte no sólo debe ser para los violadores, sino también para los terroristas (esta última es un poco tardía, ¿verdad?, aunque no soluciona nada), lo cual confirma una tendencia: que García, con medidas en cierto modo represivas y mantenedoras del statu quo, y sin aplicar las políticas socialdemócratas que prometió en calles y plazas, no sólo deja de cumplir lo prometido, sino que sigue virando a la derecha. Esa misma derecha que tanto criticó y golpeó durante la reciente campaña electoral.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario