La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, ha determinado que se indemnice económicamente a los familiares de los terroristas fallecidos en el Penal Castro Castro en 1992, quienes cayeron al ser sofocada un amotinamiento que protagonizaron en dicho centro penitenciario. Además, decidió que estos personajes deben recibir "un homenaje" de parte del Estado peruano.
Este fallo de la CIDH ha desatado una controversia en el ambiente político y jurídico de nuestro país, sobre todo en los predios del gobierno, puesto que, para algunos, constituye una ofensa a la memoria colectiva de los peruanos, en cuanto a que cómo es posible que se decida favorablemente hacia los subversivos, aquellos que tanta sangre inocente derramaron en el nombre de la locura, la barbarie y el extremismo. El mismo presidente Alan García manifestado que este fallo es “indignante”. Por ese lado, es entendible la indignación de gran parte del país, y no sólo de quienes lo conducen. Esta decisión de la Corte de San José es bastante excesiva (y hasta benigna) con estos elementos del terror.
Sin embargo, no es motivo para manifestar, como lo han hecho algunos integrantes del oficialismo, que se debe salir de la competencia de esta jurisdicción, para evitar aplicar este fallo, y otros más que consideran pueden seguir beneficiando a elementos terroristas. El Perú se acogió en 1979 para preservar los derechos humanos y las libertades políticas e individuales, en un contexto en el que la gran mayoría de países latinoamericanos era gobernado por dictaduras de extrema derecha, las cuales iniciaron una cruenta persecución contra sus opositores, la mayoría de tendencia izquierdista o marxista (casos como los de Argentina, Chile y Paraguay son los más evidentes). Si el Perú decide salirse de la corte, ningún ciudadano peruano podrá acudir a un organismo internacional, que se maneja de manera imparcial, en caso de que considere de que en nuestro país no están garantizados sus derechos. La CIDH es un plan de contingencia necesario.
Por esto, siendo el Perú uno de los fundadores de la OEA, podría plantear una alternativa que no implique traumatismos: Debe pedir, por medio de la Cancillería, explicaciones a la Corte sobre el por qué de este fallo. Además, plantear la situación en que se encontraba el país, que no era la misma de los años '70, con las dictaduras de extrema derecha que atentaban contra la misma población, ejerciendo un terrorismo de estado. Aquí se puede indicar que la CIDH se quedó en el tiempo, puesto que considera que todavía hay una situación en que los Estados reprimen a su población; aunque en el caso del amotinamiento, hubo un claro exceso en el que se debe castigar a los responsables, incluido el mismo ex presidente Alberto Fujimori (eso sí; y se añadiría una perla más para su extradición), pero no necesariamente "premiar" a las víctimas. Esta sería la medida más viable.
Muchos vinculan la oposición del APRA a este fallo, a una supuesta alianza con el fujimorismo, y que por ello la gente del gobierno tiene esta postura para evitar que se extradite a Fujimori, con el agregado que también puede haber una decisión de la CIDH sobre el caso de El Frontón, hecho que ocurrió en el primer gobierno de Alan García. Pero esto no es algo comprobado fehacientemente. La bancada aprista en el Congreso apoyó medidas como la eliminación de la Renta Básica de telefonía y la aprobación de la Ley de Concejal Joven, las cuales los fujimoristas no respaldaron. Otra cosa es que el doctor García haya observado la primera (de los teléfonos) manteniendo en vigencia el contrato con Telefónica que impulsara el Extraditable.
Por último: Esta oposición al fallo (volviendo al tema) y la propuesta de retirarse de la Corte, no es lo más sano. Porque no respeta la misma historia del APRA, cuyos líderes, en el momento en que sufrieron grandes persecuciones, tuvieron que exiliarse y ampararse en estos recursos, como los tratados internacionales. Cómo no recordar el refugio de Haya de la Torre en la embajada colombiana en la década de los '50, o los exilios chilenos de Luis Alberto Sánchez y Armando Villanueva del Campo, quien junto a Javier Valle Riestra, son los últimos de los mohicanos apristas, y los únicos que aún mantienen el discurso original aprista, de justicia social y defensa de las libertades. Quizás al APRA le falta líderes de la talla de estos señores, y por eso tienen líderes mediocres, con argumentos mediocres, como el retirarse de la corte.
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